El magistrado de la Cámara Penal jubilado recientemente hizo su descargo ante la justicia Federal, donde está acusado por el encubrimiento del homicidio de un preso político de la dictadura en la Unidad Nº9 de La Plata.
La justicia federal platense indagó al juez jubilado Pedro Luis Soria, imputado por encubrir el homicidio de Marcos Augusto Ibáñez Gatica, un preso político de la dictadura asesinado en la Unidad 9 de La Plata.
El magistrado, quien se jubiló en septiembre pasado como integrante de la Sala I de la Cámara Penal Platense, hizo su descargo durante más dos horas en los tribunales de 8 y 50 ante el juez federal Nº1 Manuel Humberto Blanco, que instruye la causa por el homicidio de Ibáñez Gatica, caso por el que fueron juzgados y condenados penitenciarios en el juicio por la Unidad 9 realizado en 2010.
El expediente es un desprendimiento de la causa que culminó con condenas de entre 10 años y prisión perpetua para 11 penitenciarios y tres médicos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penal Nº9 de La Plata durante la dictadura.
La indagatoria a Soria y a otros funcionarios judiciales y militares involucrados en el homicidio de Ibáñez Gatica había sido solicitada en 2007 por la Fiscalía Federal el mimo año en que el entonces camarista desistió en su intento de ser candidato a Decano en la facultad de Derecho de la UNLP, cuando quedó al descubierto su pasado como funcionario judicial de la dictadura.
Soria está acusado de no investigar el homicidio de Ibañez Gatica. Tras su asesinato en la tortura, los penitenciarios hicieron parar el hecho por un suicidio que la Justicia no constató: no hubo ni autopsia. El entonces titular del Juzgado Penal Nº5 dictó el sobreseimiento provisorio sólo con la información provista por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) al día siguiente de haber recibido la causa en su juzgado.
Tres décadas más tarde, cuando la Cámara Federal de La Plata analizó los procesamientos de los imputados en la causa por la U9, ordenó investigar a Soria, retomando el camino iniciado por el mismo cuerpo el 30 de abril de 2003 cuando declaró que los crímenes conexos con los de lesa humanidad también son imprescriptibles.
Legajo judicial. El juez Soria se jubiló en septiembre pasado luego de transitar más de 35 años en la justicia local. El magistrado, que también instruyó varias generaciones de abogados desde su cátedra de Derecho Procesal Penal de la facultad platense, juró como juez del Juzgado Penal Nº5 de La Plata el 4 de mayo de 1976 –había sido secretario de esa dependencia desde 1970-, un mes y medio después del golpe de Estado que inauguró la última dictadura cívico militar.
En su labor como juez, Soria rechazaba sistemáticamente los pedidos de habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Además de no hacer lugar a los recursos les imponía "costas" a los damnificados, es decir, debían pagar por abrir un expediente judicial y recurrir al Estado para buscar información sobre el paradero de los desaparecidos.
La lista es extensa, pero sobresale el habeas abierto por Jorge Alberto Daniel Davoto, yerno del ex juez federal y docente universitario desaparecido, Antonio Bautista Bettini, padre del actual embajador argentino en España, Carlos Bettini. Ese expediente fue abierto el 21 de marzo de 1977 y cerrado un día después.
La justicia federal platense indagó al juez jubilado Pedro Luis Soria, imputado por encubrir el homicidio de Marcos Augusto Ibáñez Gatica, un preso político de la dictadura asesinado en la Unidad 9 de La Plata.
El magistrado, quien se jubiló en septiembre pasado como integrante de la Sala I de la Cámara Penal Platense, hizo su descargo durante más dos horas en los tribunales de 8 y 50 ante el juez federal Nº1 Manuel Humberto Blanco, que instruye la causa por el homicidio de Ibáñez Gatica, caso por el que fueron juzgados y condenados penitenciarios en el juicio por la Unidad 9 realizado en 2010.
El expediente es un desprendimiento de la causa que culminó con condenas de entre 10 años y prisión perpetua para 11 penitenciarios y tres médicos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penal Nº9 de La Plata durante la dictadura.
La indagatoria a Soria y a otros funcionarios judiciales y militares involucrados en el homicidio de Ibáñez Gatica había sido solicitada en 2007 por la Fiscalía Federal el mimo año en que el entonces camarista desistió en su intento de ser candidato a Decano en la facultad de Derecho de la UNLP, cuando quedó al descubierto su pasado como funcionario judicial de la dictadura.
Soria está acusado de no investigar el homicidio de Ibañez Gatica. Tras su asesinato en la tortura, los penitenciarios hicieron parar el hecho por un suicidio que la Justicia no constató: no hubo ni autopsia. El entonces titular del Juzgado Penal Nº5 dictó el sobreseimiento provisorio sólo con la información provista por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) al día siguiente de haber recibido la causa en su juzgado.
Tres décadas más tarde, cuando la Cámara Federal de La Plata analizó los procesamientos de los imputados en la causa por la U9, ordenó investigar a Soria, retomando el camino iniciado por el mismo cuerpo el 30 de abril de 2003 cuando declaró que los crímenes conexos con los de lesa humanidad también son imprescriptibles.
Legajo judicial. El juez Soria se jubiló en septiembre pasado luego de transitar más de 35 años en la justicia local. El magistrado, que también instruyó varias generaciones de abogados desde su cátedra de Derecho Procesal Penal de la facultad platense, juró como juez del Juzgado Penal Nº5 de La Plata el 4 de mayo de 1976 –había sido secretario de esa dependencia desde 1970-, un mes y medio después del golpe de Estado que inauguró la última dictadura cívico militar.
En su labor como juez, Soria rechazaba sistemáticamente los pedidos de habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Además de no hacer lugar a los recursos les imponía "costas" a los damnificados, es decir, debían pagar por abrir un expediente judicial y recurrir al Estado para buscar información sobre el paradero de los desaparecidos.
La lista es extensa, pero sobresale el habeas abierto por Jorge Alberto Daniel Davoto, yerno del ex juez federal y docente universitario desaparecido, Antonio Bautista Bettini, padre del actual embajador argentino en España, Carlos Bettini. Ese expediente fue abierto el 21 de marzo de 1977 y cerrado un día después.
Por Pablo Roesler - pabloroesler@gmail.com
