Indagaron al ex juez platense Pedro Luis Soria por crímenes de lesa humanidad

El magistrado de la Cámara Penal jubilado recientemente hizo su descargo ante la justicia Federal, donde está acusado por el encubrimiento del homicidio de un preso político de la dictadura en la Unidad Nº9 de La Plata.

La justicia federal platense indagó al juez jubilado Pedro Luis Soria, imputado por encubrir el homicidio de Marcos Augusto Ibáñez Gatica, un preso político de la dictadura asesinado en la Unidad 9 de La Plata.

El magistrado, quien se jubiló en septiembre pasado como integrante de la Sala I de la Cámara Penal Platense, hizo su descargo durante más dos horas en los tribunales de 8 y 50 ante el juez federal Nº1 Manuel Humberto Blanco, que instruye la causa por el homicidio de Ibáñez Gatica, caso por el que fueron juzgados y condenados penitenciarios en el juicio por la Unidad 9 realizado en 2010.

El expediente es un desprendimiento de la causa que culminó con condenas de entre 10 años y prisión perpetua para 11 penitenciarios y tres médicos por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penal Nº9 de La Plata durante la dictadura.

La indagatoria a Soria y a otros funcionarios judiciales y militares involucrados en el homicidio de Ibáñez Gatica había sido solicitada en 2007 por la Fiscalía Federal el mimo año en que el entonces camarista desistió en su intento de ser candidato a Decano en la facultad de Derecho de la UNLP, cuando quedó al descubierto su pasado como funcionario judicial de la dictadura.

Soria está acusado de no investigar el homicidio de Ibañez Gatica. Tras su asesinato en la tortura, los penitenciarios hicieron parar el hecho por un suicidio que la Justicia no constató: no hubo ni autopsia. El entonces titular del Juzgado Penal Nº5 dictó el sobreseimiento provisorio sólo con la información provista por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) al día siguiente de haber recibido la causa en su juzgado.

Tres décadas más tarde, cuando la Cámara Federal de La Plata analizó los procesamientos de los imputados en la causa por la U9, ordenó investigar a Soria, retomando el camino iniciado por el mismo cuerpo el 30 de abril de 2003 cuando declaró que los crímenes conexos con los de lesa humanidad también son imprescriptibles.

Legajo judicial. El juez Soria se jubiló en septiembre pasado luego de transitar más de 35 años en la justicia local. El magistrado, que también instruyó varias generaciones de abogados desde su cátedra de Derecho Procesal Penal de la facultad platense, juró como juez del Juzgado Penal Nº5 de La Plata el 4 de mayo de 1976 –había sido secretario de esa dependencia desde 1970-, un mes y medio después del golpe de Estado que inauguró la última dictadura cívico militar.

En su labor como juez, Soria rechazaba sistemáticamente los pedidos de habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. Además de no hacer lugar a los recursos les imponía "costas" a los damnificados, es decir, debían pagar por abrir un expediente judicial y recurrir al Estado para buscar información sobre el paradero de los desaparecidos.

La lista es extensa, pero sobresale el habeas abierto por Jorge Alberto Daniel Davoto, yerno del ex juez federal y docente universitario desaparecido, Antonio Bautista Bettini, padre del actual embajador argentino en España, Carlos Bettini. Ese expediente fue abierto el 21 de marzo de 1977 y cerrado un día después.

Por Pablo Roesler - pabloroesler@gmail.com

Denuncia contra el Fiscal Federico Nieva Woodgate por su comportamiento durante la dictadura

La muerte de Angelito
La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires acusó al fiscal general de Morón que intervino en el “caso Candela” por su actuación durante la dictadura. El caso del preso que Nieva Woodgate permitió que sea trasladado y del que no investigó su muerte.
Por Irina Hauser

“Angelito”, lo nombran sus amigos al recordarlo. Angel Georgiadis se llamaba. Era un dirigente montonero y cayó preso a mediados de 1975 en una situación absurda. Manejaba un Citroën y se metió de contramano por una calle donde había una comisaría. Lo pararon y al revisarle el auto la policía encontró panfletos de la organización. Lo encerraron en el penal de Devoto, y ahí quedó hasta finales de ese año, cuando lo mudaron a la Unidad 9, en La Plata, donde estuvo más tiempo todavía. En diciembre de 1976 hubo en ese centro de detención una requisa brutal, que derivó en una clasificación de los presos entre jefes y bases, de Montoneros y del ERP. Fue la antesala de las ejecuciones. Georgiadis fue trasladado al Regimiento de Infantería N0 7 para ser supuestamente interrogado. No fue un mero acto de las Fuerzas Armadas: habría mediado un aval judicial para llevarlo al establecimiento militar, y ahí, a los pocos días, lo mataron.

Según reconstruyó la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, el juez que habría permitido el traslado fue Federico Nieva Woodgate, actual fiscal general de Morón, muy presente en los medios el año pasado por su intervención en el “caso Candela”. Ese cuerpo de diputados y senadores resolvió por unanimidad constituirse en acusador y pidió su juicio político en una decisión que pasó casi inadvertida, y que deberá ser analizada por un jurado a partir de febrero, cuando se cumplirán 35 años de la muerte de “Angelito”.

“Nieva Woodgate, que era juez penal de Lomas de Zamora, recibió un oficio firmado por un coronel ya fallecido del Regimiento 7, que anunciaba que la Unidad 9 de La Plata entregaba a Georgiadis a personal civil para su traslado a esa unidad militar, donde sería interrogado. Uno de los papeles tiene un sello cruzado que dice ‘subversivo’. Nieva Woodgate permitió ese traslado y habría conocido la mecánica: no eran simples interrogatorios. Georgiadis fue torturado allí, y finalmente se reportó su muerte”, explicó a Página/12 Gabriel Villegas, quien fue diputado del Frente para la Victoria hasta diciembre y presidía la Comisión Bicameral que resolvió acusar al ahora fiscal general de Morón. “Como juez a cargo de la situación de Georgiadis, debió haber denunciado o investigado las circunstancias de la muerte. No lo hizo ni entonces ni en democracia”, advirtió Villegas.

La denuncia que dio el puntapié inicial a la investigación legislativa la había presentado en octubre de 2010 el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel. Estaba basada, en parte, en la sentencia del Tribunal Oral Criminal 1º de La Plata sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Unidad 9, que se conoció en 2010. Allí, los jueces Carlos Rozanski, Mario Portela y Roberto Falcone incluyeron un apartado especial que llaman “Las omisiones del Poder Judicial”, donde ordenan que se investigue a un grupo de magistrados por su actuación en el terrorismo de Estado y su eventual participación en lograr la impunidad de los crímenes cometidos por el aparato represivo. Hay una causa, con mínimo avance, a cargo de Manuel Blanco. Uno de los que el tribunal señalaba con nombre propio era Nieva Woodgate, cuya carrera judicial incluye su designación como juez de menores durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, luego de su paso por el Juzgado N0 4 de Lomas entre 1976 y 1978, cuando fue nombrado fiscal de Cámara del departamento judicial de Morón. Su cargo actual es fiscal general.
Historia de Angel

El cuerpo de Angel Georgiadis nunca apareció, pese a los reclamos de su esposa, María Teresa Piñero, “Teté”. Habían militado juntos, él en la conducción de la columna Sur, ella a nivel barrial. Después de que lo detuvieron, allanaron la casa donde vivían en Lomas de Zamora. No encontraron nada significativo. Teté se salvó. Igual que su bebita de un año y medio, María de la Paz. Durante la detención de Angel se mantuvieron en contacto por cartas. El le hablaba de su “amor” hacia ella y a la “vida”. En 1976 le decía que se emocionaba con “las cosas más sencillas”. Le contaba sus sensaciones: “No soy el tipo acabado y terminado y que se sobrepone a todo y está por encima de todo. No, Teté, todo lo hago con un gran esfuerzo, con voluntad (...) quiero construir, quiero superar todo lo viejo en mí”. Le hablaba de sus sueños al salir de la cárcel: “15 días en carpa en Villa Gesell”. De cómo extrañaba a la beba, “la Gorda”.

Al comienzo, Teté pensaba que todo pasaría rápido, “parecía una causa fácil”, repasa al hablar con este diario. Hasta donde ella sabía, su marido estaba a disposición del Poder Ejecutivo y bajo custodia del juez Leopoldo Federico Russo, que lo tenía detenido por la ley 20.840 o “Ley Antisubversiva”. Ese juzgado era su referencia para las consultas. “Mi suegra me avisó que lo habían trasladado, y cuando le voy a preguntar al juez me advierte, me amenaza podría decirse: ‘Mejor deje todo en manos de la justicia, que en vez de uno van a ser dos’. Después nunca más me atendió; en el juzgado me decían que no tenía derecho ni a pedir el cuerpo.” Con el tiempo, en especial después del juicio de la Unidad 9, donde fue querellante, ella comprendió que había otro juez de quien dependía Georgiadis. Era Nieva Woodgate, que lo tenía detenido por “hurto automotor”, ya que el Citroën en el que lo detuvieron no le pertenecía. Ambos jueces, según surge de la resolución de la Bicameral, habrían dado aval para moverlo a un establecimiento militar, escenario de su muerte. El juez Russo murió de un ataque cardíaco en medio de un juicio por la verdad, recordó Piñero. Nieva Woodgate siguió su carrera.

Las mismas cartas de Angel dan cuenta de cómo se endurecían, hacia enero de 1977, las condiciones de su detención. Describía “siete meses de régimen de castigo ininterrumpido”. “Cada día es más difícil vivir como preso”, decía. En la última carta le plantea a Teté que esté “preparada” para “asumir la responsabilidad de los dos”. A la vez, le cuenta que su gran “anhelo” es que “entre julepe y julepe pase pronto el 77”. El telegrama que recibió Teté donde le informaban de la muerte de Angel decía textual, a máquina: “Informo a usted que el día 1/2/77 habiendo sido retirado su esposo de la Unidad por personal militar para ser interrogado en jurisdicción militar dependiente del área operacional 113 se infirió lesiones por autoagresión las que le ocasionaron su deceso”. O sea, el Ejército decía que se suicidó. Para el Tribunal Oral N0 1º se trató de un homicidio (según definió en la sentencia) del que responsabilizó al jefe de la Unidad 9, Abel Dupuy, y a un grupo de penitenciarios, y que se inscribía una sucesión de asesinatos de presos políticos detenidos allí. El punto de partida había sido la requisa de diciembre. De allí seleccionaron a jefes montoneros y a quienes desde la cárcel manejaban el contacto con el exterior. El 5 de enero sacaron a Dardo Cabo y a Roberto Pirles con el pretexto de que los llevarían a Sierra Chica. Terminaron ejecutados en un puente en Brandsen. El 26 de enero una comisión militar se llevó a Georgiadis y a César Urien, atados y vendados, “con el mendaz motivo de la indagatoria”, dijo el tribunal, y los dejaron dos días dentro del baúl de un auto en el Regimiento 7º. Urien sobrevivió, a partir de que su familia logró un contacto con el entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy. Lo reemplazaron por Horacio Rapoport dos días después. Para él también los militares alegaron suicidio. Todos los cuerpos aparecieron, el de Angel no.
Camino al jury

Al encarar la investigación contra Nieva Woodgate, la Comisión Bicameral rastreó los oficios en que se le notificó el traslado. El origen era un Mensaje Militar Conjunto (MMC) que provenía de la subzona 11. El entonces juez, explicó el ex diputado Villegas, recibió la notificación de autoridades militares. “Si no les hubiera dado curso no se hubiera concretado el traslado”, subrayó.

La Comisión resolvió el 30 de noviembre constituirse en acusadora de Nieva Woodgate. De la denuncia inicial del Serpaj tomó, entre otras cosas, la interpretación de una resolución de la Corte Suprema Bonaerense de 2006 según la cual “todos los jueces de la provincia de Buenos Aires sabían de la existencia de ciudadanos desaparecidos”. Los legisladores bonaerenses señalan que entre las faltas por las que puede ser llevado a juicio un magistrado, “la incompetencia o la negligencia en el ejercicio de sus funciones, el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo y la comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo”. “Se tienen por verosímiles –afirma– el escrito de denuncia que originó la pesquisa sumado a otra denuncia penal” que ingresó por el juzgado de Daniel Rafecas (por ser jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército), pero que ahora investiga Norberto Oyarbide, en la que un grupo de organismos de derechos humanos acusaron da Nieva Woodgate de omitir investigar la desaparición de una empleada judicial y su esposo (ver aparte). Los legisladores no llegaron a analizar, por el momento, esa presentación.

Teté, que trabaja en derechos humanos en Cancillería (en Memoria Verdad y Justicia en las relaciones exteriores), se presentará como particular damnificada ante el jury de enjuiciamiento bonaerense, que preside el titular de la Corte provincial e integran legisladores y abogados, y que debe reunirse en febrero para decidir si abre el proceso de remoción. Según Villegas, “hay elementos suficientes para que el jurado tome esa decisión; con motivos mucho menos relevantes, como gritarle a una secretaria, lo hicieron”. Teté dijo: “Yo voy a pelear por impulsar este juicio, es una deuda esclarecer estas complicidades civiles que nos pueden ayudar a saber cómo fue que sucedió todo”.

Represores victimizados

Por María Laura D’Amico

Usando como estrategia la negación y la victimización como artilugio, cuatro de los catorce imputados en el juicio de la Unidad 9 de La Plata prestaron declaración indagatoria intentando así demostrar su inocencia en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de los que están acusados. Ellos son el ex director del penal, Abel Dupuy, los ex agentes penitenciarios Raúl Aníbal Rebaynera y José Luis Peratta y el ex médico del penal Enrique Leandro Corsi. Con sus testimonios, el Tribunal Oral Federal 1 dio por concluida la etapa de declaraciones y anunció la lectura de los alegatos para el próximo 27 de septiembre.

Durante más de tres horas, el lunes pasado Dupuy intentó explicarle al Tribunal su presunta inocencia: coautor de torturas a sesenta y seis personas; aplicación de tormentos a setenta y seis detenidos; partícipe necesario en cinco homicidios agravados, coautor de torturas seguidas de muerte en el caso de Alberto Pinto; partícipe necesario en privaciones ilegales de la libertad de cuatro personas y en las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas de otras tres.

Con voz débil y ayudándose con los apuntes que él mismo tomó durante los más de cinco meses de audiencias, el ex jefe del penal aseveró que “las sanciones se ajustaban a la reglamentación y jamás supe de las golpizas que escuché aquí sobre los que estuvieron en aislamiento”. Luego abonó la teoría del complot postulada por el médico Carlos Jurio cuando declaró el 9 de agosto pasado y afirmó que “sin ninguna duda hay una manera de declarar, (los testigos) se pusieron todos de acuerdo. Sobre un total de mil ochocientos internos, sólo cuarenta dicen que les pegaron”. Y añadió: “Recuerdo que en el juicio por la verdad declararon con Leopoldo Schi-ffrin y en muchos casos yo pienso que fueron inducidos para eso”.

Cuando llegó el turno de Rebaynera, al día siguiente, argumentos similares al de Dupuy se oyeron en boca de quien fuera apodado El Nazi. Aseguró que “ninguno de los internos fue golpeado y no se los maltrató”. En referencia a las acusaciones de torturas denunciadas por los testigos, dijo que “es un complot. Hay muchos testimonios que están armados contra mí. Hay intereses económicos a través de los abogados de los organismos que viven de esto. Son idiotas útiles”.

Ex detenidos de la U9 le dieron forma a sus testimonios en una recorrida por la cárcel

Ex presos políticos de la Unidad 9 de La Plata junto a los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal I de La Plata recorrieron los ex pabellones de la muerte y las celdas de castigo que tenía el penal durante la última dictadura militar como parte del juicio que se lleva a once penitenciarios y tres médicos acusados de crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese lugar entre 1976 y 1983. Así lo informó Diagonales.

El objetivo es buscar y agregar más pruebas contra los imputados quienes desde abril están siendo juzgados en el ex edificio de AMIA La Plata de calle 4 entre 51 y 53. De la inspección también participaron los imputados Héctor “Oso” Acuña, Raúl “Nazi” Rebaynera y Catalino Morel.

Recorrida. A las 15.25 terminaron de ingresar los testigos al penal ubicado en 76 entre 9 y 11. La primera parada fue el pabellón 1, bautizado por los ex presos políticos como uno de los “pabellones de la muerte”.

Los testigos reconocieron que “la disposición de los espacios es similar” a la de entonces, aunque esa parte de la cárcel se transformó en la zona de “encuentro familiar” de los reclusos y donde se realizan “las visitas higiénicas”, explicaron fuentes judiciales a Diagonales durante la inspección.

Hoy ese centro experimental de la muerte tiene las paredes pintadas con dibujos de Winnie The Poo y Mickey Mouse. Pero los ex detenidos lo recuerdan de otra manera. Con sonrisas miraban los personajes del TV en las paredes y recordaban los golpes, tormentos y torturas del que fueron blanco en los años de plomo.

Ayer y hoy las celdas miden algo más de tres metros cuadrados. Pese a los evidentes esfuerzos que hicieron las autoridades del penal para “presentar su interior en sociedad” con paredes pintadas y pisos baldeados, se nota la falta de mantenimiento en general para que esa cárcel cumpla un rol resocializador. “Pasaron más de treinta años y no cambió nada”, dijo el ex detenido y militante del Partido Comunista Roberto Páez, o simplemente “El Negro”, como lo conocieron sus compañeros en el ex frigorífico Swift de Berisso o en UOCRA La Plata.

Mientras se realizaba el trámite judicial, varios detenidos se acercaron hasta las rejas para denunciar diversas irregularidades que estarían sufriendo en sus causas abiertas. Otros optaron por jugar un picadito de fútbol en patio, hacer pesas o mirar televisión.

Luego fue el turno del pabellón 2, otra area mortal para los entonces privados de su libertad, y las sensaciones volvían a repetirse.

Hugo Godoy, Julio Mogordoy, Páez, Juan Scatolini y Néstor Rojas, recordaban sus largos años de encierro y las palizas que le daban los penitenciarios sin que supieran el por qué de la golpiza. La garganta se les anudó al pasar por las celdas donde fueron vistos por última vez con vida Dardo Cabo, Roberto Rufino Pirles, Ángel Georgiadis y Horacio Rapaport, entre otros.

El paso por los calabozos de castigo sirvió para que los jueces terminen de “darle forma al relato de los testigos”, explicó Guadalupe Godoy, abogada de Justicia Ya!, uno de los querellantes en el juicio .

Ex detenidos, querellantes y jueces realizaron una inspección ocular en la Unidad 9 de L a Plata

“No había que desesperarse, no era el fin”

En el marco del juicio por delitos de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata decidió recorrer la prisión donde fueron torturados y asesinados detenidos políticos durante la última dictadura militar.


 Por María Laura D’Amico

Pese a la ola de frío polar, ayer a las dos de la tarde un grupo de treinta personas esperaba amontonada en la vereda de la Unidad 9 de La Plata la llegada de los integrantes del Tribunal Oral Federal Número 1. Estaban citados para realizar una inspección ocular, en el marco del juicio que se está realizando contra catorce penitenciarios acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Algunos fumaban y otros esperaban, en silencio, volver a recorrer los lugares donde estuvieron detenidos hace más de treinta años. Eran testigos que declararon en las audiencias que desde abril se realizan en la ex AMIA. Algunos lo hacían por primera vez. Otros, contó Hugo “Cachorro” Godoy, dirigente de la CTA, volvieron en 2007 a rendir un homenaje a los trece compañeros y diecisiete familiares de detenidos en la U9, asesinados en la dictadura. Pusieron una placa con sus nombres y bautizaron la calle del frente, la 76, con el nombre de la madre del “Manzanita”, Delia Avilez de Elizalde Leal.

Construida en 1960, la cárcel conserva la misma fachada de entonces, sólo que está muy deteriorada. La pintura blanca está amarillenta, las paredes son húmedas. Al ingresar, tras pasar varias puertas de rejas, se llega al pasillo donde convergen los pabellones. A la izquierda, se encuentra el uno, actualmente denominado “de encuentro familiar”. Hay dibujos infantiles y, sobre la pared amarilla, una inscripción que dice “No hay persona en este mundo que te quiera como yo”. Las celdas allí fueron modificadas: donde antes habían dos, ahora hay una sola y hay una cama de dos plazas con una mesita. Además, hay un inodoro. Sin embargo, el sacerdote tercermundista Elías Muse recordó que él estuvo detenido en la primera celda y, apoyando su mano sobe la mirilla, contó a los miembros del Tribunal cómo vio cuando se lo llevaron de la celda contigua a Dardo Cabo, fusilado esa noche en un supuesto intento de fuga.

A la derecha del pasillo principal, el pabellón dos “está igual”, dice Dalmiro Suárez. Las celdas siguen siendo reducidas y tienen doble puerta pintadas de amarillo. Algunas están ocupadas por presos comunes que miran por el agujero del pasaplato a la gente que recorre el lugar. Néstor Rojas se detiene frente a una de las puertas y repite la escena anterior: “Por acá vi cómo lo sacaban a Segali”.

Desde el pasillo se pueden ver los patios. Uno está igual: “En ese banco nos sentábamos a jugar al ajedrez”, recuerda Suárez. El otro está cambiado, tiene algunas divisiones y sobre una pared del fondo se ve un mural con caricaturas de Videla, Massera, Agosti, Camps y Etchecolatz. Más abajo, la inscripción “La memoria los señala, la historia los condena”. A medida que se avanza por el pasillo, el frío vuelve a sentirse como en la intemperie.

Los que fueron los “chanchos” ahora se llaman “Pabellón de separación del área de convivencia” y siguen siendo los calabozos de castigo. Allí van los presos sancionados, los que recién llegan o los que requieren voluntariamente algún tipo de aislamiento, explican dos agentes del Servicio Penitenciario Federal. Son celdas de 2,10 por 1,80, con una especie de banco de cemento y una letrina que alguna vez debe haber sido blanca. Cuentan los detenidos que de ese pozo que sigue igual de infecto debían sacar el agua para tomar, cada vez que un guardia, desde afuera, decidía largar el chorro. En los “chanchos” todo está casi igual, pero ahora hay una canilla y huele a pintura fresca.

Si en los pabellones uno y dos, en los años de Abel Dupuy, se alojaba a los presos que los miembros de la fuerza definían como “irrecuperables”, al trece y catorce llevaban a los “medianamente recuperables”. En estos pabellones el frío se siente tan intenso como en un descampado y por eso eran conocidos como “La Siberia”. Los vidrios de las ventanas están rotos o no están, el piso está mojado, las paredes descascaradas. Carlos Alvarez agarra del brazo a Carlos Rozanski, presidente del Tribunal, y le dice que él estuvo en una de esas celdas. “El piso tenía tres centímetros de agua y había un compañero que era asmático. Eran pabellones que habilitaron de prepo porque no estaban en condiciones. Metieron a dos y hasta tres personas en un lugar que a duras penas era para una.”

Querellantes, abogados y público se amontonaron en círculo para escuchar el relato. Rozanski, Roberto Falcone y Mario Alberto Portela –los jueces que completan el TOF1– escuchaban en silencio. Más atrás, los abogados defensores esperaban, junto a los imputados Raúl Aníbal Rebaynera, Catalino Morel y Héctor Acuña, su turno para la inspección. Los otros ex integrantes del Servicio Penitenciario que están siendo juzgados, Abel Dupuy, Jorge Luis Peratta, Ramón Fernández, Isabelino Vega, Elvio Cosso, Valentín Romero, Víctor Ríos y Segundo Andrés Basualdo prefirieron no asistir. Tampoco lo hicieron los médicos imputados Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi y Luis Domingo Favole.

Al concluir el recorrido, el presidente del Tribunal afirmó a Página/12 que “fue positivo porque se pudo lograr que todas las partes estuvieran, observaran y recorrieran lo que hacía falta recorrer. Es un complemento muy importante que permite ver en imagen, poder apreciar, lo que se escuchó durante el juicio. Después cada uno podrá sacar sus conclusiones”. Al salir de la cárcel, el ex detenido Roberto Páez reflexionó: “Uno camina por lugares donde estuvo encerrado, donde tenía que caminar con la cabeza baja, las manos atrás, arrinconado, presionado permanentemente. Me acordé cuando yo estuve ahí. Me puse a pensar cómo hacía para superar eso y yo recitaba poemas. Todos los poemas que me acordaba los repetía. Y después inventaba. Pensaba que no había que desesperarse porque no era el fin”. Para finalizar, Páez agregó: “Nosotros caíamos presos por pensar un país distinto. Eso nos ayudó a no quebrarnos, a demostrarles que no íbamos a salir derrotados sino con los sueños intactos. Ver a los compañeros acá con las mismas fortalezas, con el optimismo de siempre me emociona. La vida nos puso una prueba y creo que la superamos”.