lunes, 27 de septiembre de 2010

Alegatos en la causa de la Unidad 9 de La Plata

El eje en el genocidio

Los abogados querellantes iniciaron la lectura de las acusaciones contra los catorce agentes penitenciarios. Piden las penas máximas para torturadores y asesinos.

 Por María Laura D’Amico

La importancia de referirse a los hechos como un “genocidio” fue el eje del planteo de los abogados querellantes al presentar el alegato en el juicio por la represión ilegal en la Unidad 9 de La Plata. Catorce agentes penitenciarios están siendo juzgados por las torturas y fusilamientos de presos políticos.

Ante una nutrida audiencia, el representante de la Central de Trabajadores Argentinos, Marcelo Ponce Núñez, inauguró con contundencia la rueda de alegatos: “El 24 de marzo de 1976 hubo un rompimiento de las reglas constitucionales con un fin predeterminado, que fue la constitución de un genocidio en Argentina”, señaló. Añadió que, para que esto se produzca, “es necesaria la consolidación de un grupo que, en este caso, estuvo formado por personas que estaban por fuera del Estado, que tenían como objetivo reorganizar un país que a ellos no les gustaba y atacaron a otro grupo predeterminado, que era el grupo que se oponía al sistema de la reorganización nacional”.

Durante dos horas, el abogado desgranó las “abrumadoras pruebas” en las que fundamentó su discurso y destacó que “existen elementos más que sobrados para demostrar la culpabilidad de los imputados”. Asimismo, resaltó el valor de los testimonios de las víctimas y negó que existiera una “connivencia entre los testigos”, tal como adujeron algunos imputados al momento de su declaración, “sino un análisis de cosas que pasaron y vivieron”.

En cuanto al ex director del penal Abel Dupuy, dijo que “fue puesto al frente de la Unidad 9, que era la cárcel modelo de la provincia de Buenos Aires, por cuanto coincidía y coincide con los fines que desde el gobierno se pretendían llevar adelante, que era la ejecución de un grupo tras una acción genocida”.

Ponce Núñez se explayó también sobre la requisa del 13 de diciembre de 1976 –día en que Dupuy asumió la dirección–, dijo que “fue un claro mensaje de ‘ahora cambia el régimen y es más duro’”. Ejemplificando cada afirmación con citas de relatos de los testigos, dijo que desde esa fecha “comenzaron a aplicarse torturas sobre los detenidos” y recordó que “todas las noches, al finalizar la transmisión de radio, pasaban la canción de Roberto Carlos ‘Te agradezco, Señor, un día más’, lo que se constituye como un ejemplo de tortura psicológica que estuvo vigente hasta que Dupuy abandonó la dirección de la Unidad 9”.

Agregó que “se realizó una clasificación de detenidos en forma ilegal, según la ideología política” y que “comenzó la desaparición física de detenidos”. Allí se refirió al caso de Rufino Pirles y Dardo Cabo, asesinados en un supuesto intento de fuga, donde “vemos cómo las manos de Dupuy y de sus ayudantes, Vega y Ríos, comienzan a mancharse de sangre”.

Otro de los puntos centrales del alegato de Ponce Núñez fue la referencia a los calabozos de castigo. Dijo que tras la llegada de Dupuy “el sistema cambió y se institucionalizó el ingreso a los chanchos por el motivo que fuese”, donde los detenidos recibían un trato “degradante, inhumano y torturante”. Sobre el caso de Alberto Pinto –el interno que falleció a causa de las torturas recibidas allí– dijo que “en el registro de atención médica el doctor Ferrer asienta que la persona padece gran mal epiléptico y dolor abdominal agudo, por lo que le da una aspirina. Preavisa de la gravedad de la situación y que esa persona no puede estar en los calabozos”. Y, complicando la situación de los tres médicos que están siendo juzgados, afirmó que “todos los profesionales que atendieron a Pinto leyeron ese informe”, por lo que “el tratamiento recibido por Pinto fue inadecuado e insuficiente”.

Luego del discurso de Ponce Núñez, Oscar Rodríguez, abogado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, leyó las calificaciones de los delitos para cada imputado y, en función de ellos, las penas correspondientes. Así, el abogado pidió prisión perpetua para Dupuy, Isabelino Vega, Víctor Ríos y Raúl Aníbal Rebaynera; veinticinco años de prisión para Elvio Cosso y Ramón Fernández; veintidós para José Luis Peratta; diecinueve para Valentín Romero; dieciocho para Catalino Morel y los médicos Leandro Corsi, Carlos Jurio y Luis Domingo Favole; dieciséis para Segundo Andrés Basualdo y quince para Héctor Acuña.

Respecto de las penas, la abogada que representa a Justicia YA!, Guadalupe Godoy, indicó, poco antes de leer sus alegatos, que “vamos a pedir las penas máximas que correspondan a cada uno”. En cuanto al pedido formal, dijo que estaría enfocado en que “se reconozca que hubo un genocidio como tal y no que los hechos sucedieron en el marco de un genocidio”, figura que enmarcó la condena que este mismo tribunal dictó sobre Miguel Etchecolatz y Cristian von Wernich.

lunes, 20 de septiembre de 2010

Represores victimizados

Por María Laura D’Amico

Usando como estrategia la negación y la victimización como artilugio, cuatro de los catorce imputados en el juicio de la Unidad 9 de La Plata prestaron declaración indagatoria intentando así demostrar su inocencia en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de los que están acusados. Ellos son el ex director del penal, Abel Dupuy, los ex agentes penitenciarios Raúl Aníbal Rebaynera y José Luis Peratta y el ex médico del penal Enrique Leandro Corsi. Con sus testimonios, el Tribunal Oral Federal 1 dio por concluida la etapa de declaraciones y anunció la lectura de los alegatos para el próximo 27 de septiembre.

Durante más de tres horas, el lunes pasado Dupuy intentó explicarle al Tribunal su presunta inocencia: coautor de torturas a sesenta y seis personas; aplicación de tormentos a setenta y seis detenidos; partícipe necesario en cinco homicidios agravados, coautor de torturas seguidas de muerte en el caso de Alberto Pinto; partícipe necesario en privaciones ilegales de la libertad de cuatro personas y en las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas de otras tres.

Con voz débil y ayudándose con los apuntes que él mismo tomó durante los más de cinco meses de audiencias, el ex jefe del penal aseveró que “las sanciones se ajustaban a la reglamentación y jamás supe de las golpizas que escuché aquí sobre los que estuvieron en aislamiento”. Luego abonó la teoría del complot postulada por el médico Carlos Jurio cuando declaró el 9 de agosto pasado y afirmó que “sin ninguna duda hay una manera de declarar, (los testigos) se pusieron todos de acuerdo. Sobre un total de mil ochocientos internos, sólo cuarenta dicen que les pegaron”. Y añadió: “Recuerdo que en el juicio por la verdad declararon con Leopoldo Schi-ffrin y en muchos casos yo pienso que fueron inducidos para eso”.

Cuando llegó el turno de Rebaynera, al día siguiente, argumentos similares al de Dupuy se oyeron en boca de quien fuera apodado El Nazi. Aseguró que “ninguno de los internos fue golpeado y no se los maltrató”. En referencia a las acusaciones de torturas denunciadas por los testigos, dijo que “es un complot. Hay muchos testimonios que están armados contra mí. Hay intereses económicos a través de los abogados de los organismos que viven de esto. Son idiotas útiles”.